A propósito de la Condena de Ejecución Condicional

Posted by  Lic Rafael Rodriguez S.   in  , , ,      10 months ago     4015 Views     Leave your thoughts  

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Los artículos del 59 al 63 de nuestro Código Penal, establece la facultad del o los Jueces de Juicio, al dictar sentencia de aplicar la condena de ejecución condicional cuando la pena no exceda de tres años. Para ello, deberán cumplirse requisitos establecidos por ley, que se fundarán en el análisis de la personalidad del condenado y su vida anterior al delito en el sentido de que su conducta se haya conformado con las normas sociales y en el comportamiento posterior al mismo, especialmente en su arrepentimiento y deseo demostrado de reparar en lo posible las consecuencias del acto, en los móviles, caracteres del hecho y circunstancias que lo han rodeado. Dicho beneficio se concede únicamente a los delincuentes primarios y el Tribunal deberá considerar de estos elementos que el condenado se comportará correctamente sin necesidad e ejecutar la pena.

Al aplicar el beneficio el Juez podrá imponer al condenado las condiciones que determine, indicando la norma, que esto será de acuerdo con el informe que al respecto vierta el Instituto de Criminología; ellas podrán ser variadas si dicho Instituto lo solicita. Situación que en la realidad judicial en relación con dicho informe no se da, por cuanto, nunca se piden dichos informes en razón de que el Juzgador desconoce las resultas del proceso, y no es sino hasta que se dicta la sentencia, que, en aplicación de lo mas favorable al imputado, el Juzgador dentro de sus facultades tomara la decisión de si aplica o no el mismo.

El artículo 51 del Código Penal costarricense, así como los instrumentos internacionales debidamente suscritos y ratificados por Costa Rica, señalan como fin principal de la pena la resocialización del delincuente, por lo que es obligación del Estado promoverla y dotar a los órganos encargados de su imposición y ejecución, de los medios necesarios que permitan lograr dicho fin.

Los beneficios penitenciarios constituyen la principal herramienta del Estado Social y Democrático de Derecho para conseguir el fin resocializador de la pena, declarado en el artículo 51 del Código Penal, mismos que se encuentran amparo en innumerables tratados internacionales como las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad” (Reglas de Tokio) o las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, etc.

El beneficio de la ejecución condicional de la pena cumple un papel fundamental, siendo este uno de los principales instrumentos del sistema penal para lograr el fin rehabilitador de la pena, por cuanto permite la no institucionalización del individuo en un centro penitenciario, evitando de esta forma que la persona condenada, siendo primaria y estableciéndose penas de corta duración se contamine con el ambiente carcelario.

El beneficio de la ejecución condicional de la pena se enmarca dentro de la prevención secundaria y se ajusta a la teoría de la prevención especial positiva, pues actúa directamente sobre el delincuente cuando este ya cometió el delito y como medio de prevención, pretende evitar la reclusión del individuo cuando se demuestra que el mismo tiene aptitudes para mantenerse alejado del delito, manteniendo una correcta convivencia en sociedad.

A pesar de que el Código Penal exige una serie de requisitos para que proceda la aplicación de la condena condicional, los jueces de la república suelen aplicar la ley conforme a un principio pro imputado, pues no se verifica el cumplimiento absoluto de los mismos, más allá de que el condenado sea primario y sancionado con una pena menor a los tres años, lo cual conlleva a que en la realidad se esté dando una aplicación casi automática del beneficio, situación que no es contrario a derecho, por cuanto se ha demostrado la eficacia de su aplicación.

Limitar un beneficio penitenciario como la ejecución condicional de la pena significaría un grave retroceso en los logros alcanzados por el sistema penal en materia de derechos humanos, de ahí, que hoy día se considere que su no aplicación es contraria al derecho convencional.

Por ello y al amparo de lo indicado, es que muestro mi disconformidad, con la forma en que un Tribunal de Flagrancia en Limón, apegado al derecho, por ser este facultativo, determina imponer una condena de dos años de prisión a Carlos Pérez Sánchez, al declararlo culpable de daños agravados. Sentencia que hoy día no ha adquirido firmeza y que consideramos es desproporcionada en su ejecución, por reunir el sentenciado los requisitos previstos por ley. De haber considerado el Juzgador, que el sentenciado, representaba un peligro y con ello, no era objeto del beneficio, pudo haber aplicado incluso otras medidas para paladear dicho peligro, mientras la sentencia adquiría firmeza, aplicando la prisión domiciliar con monitoreo electrónico, conforme lo prevé en la actualidad nuestro Código Penal en su articulo 57 bis o bien como medida cautelar de acuerdo al articulo 244 inciso j del Código Procesal Penal, respetando con ello el Principio de Presunción de Inocencia, que hoy día aun ampara al imputado.

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